Propuesta de remunicipalización cooperativa de los servicios públicos de limpieza del municipio de Madrid

El Instituto de Ciencias Económicas y la Autogestión (ICEA) ha lanzado esta propuesta de remunicipalización cooperativa de las limpiezas de Madrid. 
En nuestra opinión, la defensa de lo público no se puede quedar en la recuperación de la situación anterior a la última oleada privatizadora, debe ir mas allá, plantearse avanzar en la democratización social, económico, cultural, político y ambiental de nuestra convivencia.
La propuesta de ICEA, creemos, que va también en ese sentido.

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Desde el Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestión (ICEA) pensamos que el proceso actual de cambio de gestión de los servicios de limpieza impulsado por el nuevo gobierno municipal de la ciudad de Madrid es una oportunidad para democratizar la gestión de los servicios públicos, y avanzar hacia un nuevo paradigma de transparencia y participación ciudadana. En este sentido, en el ICEA proponemos una remunicipalización cooperativizada de los servicios públicos de la ciudad de Madrid, que debe entenderse como un mecanismo de participación e intervención directa de los vecinos y de las vecinas en la gestión y mejora de los recursos comunes de la ciudad. Este mecanismo permitiría avanzar hacia la democratización de la gestión pública con el desarrollo y la incorporación de procesos y prácticas cotidianas de empoderamiento comunitario y corresponsabilidad ciudadana.

La remunicipalización cooperativizada de los servicios de limpieza de la ciudad de Madrid, es una propuesta concebida por el ICEA como instrumento de cambio hacia una participación real de la ciudadanía, que tiene como objetivos la promoción de una nueva cultura centrada en la implicación y la corresponsabilidad ciudadana, que transfiera capacidades y competencias comunitarias que posibiliten el empoderamiento social, y que, finalmente, articule procesos de inclusión, a través del fomento del empleo, impulsando la cohesión social. Una de las principales ventajas que queremos destacar de nuestra propuesta es el anclaje social directo de los trabajadores cooperativistas, ya que se hallarían ligados directamente con la comunidad de referencia donde desarrollarían su actividad laboral.

El modelo económico que representa esta propuesta, satisface las ambiciosas demandas sociales que exigen una remunicipalización de los servicios públicos eficaz, que busque el interés social y que sea realmente participativa, es decir, en el que las decisiones incluyan a trabajadores, sociedad civil e instituciones públicas. La cooperativización de los servicios públicos apuesta por la democracia económica, la cooperación y la transversalidad, desde lo local hasta lo global. Esta esperanzadora vía resulta socialmente más conveniente respecto a las políticas históricamente implementadas, basadas en la privatización de lo público pero también en la gestión autoritaria y opaca de los servicios que son de todos y todas. Frente a estos modelos fallidos que tanto han posibilitado la corrupción, es necesario encontrar y poner en práctica alternativas viables económicamente, que sean deseables para todas las partes. Nuestra propuesta es también transformadora porque humaniza la economía, logra compatibilizar la cooperación con la eficiencia social y utiliza las virtudes que ofrece la democracia económica aplicándola a los servicios públicos.

La propuesta presentada pretende poner sobre la mesa una necesidad esencial de nuestro tiempo: defender los servicios públicos, para conformar con ellos los nuevos comunes ciudadanos que permitan generar la arquitectura básica de una sociedad más justa. La idea que subyace tras la propuesta es el fomento de la participación de los trabajadores y la colectividad en el desarrollo de sus propias necesidades, de manera profundamente democrática. Necesitamos una democracia real, basada en bienes comunes metropolitanos de acceso universal, y gestionados conjuntamente por los trabajadores y los nuevos órganos de participación ciudadana.

Remunicipalizar es el primer paso imprescindible, pero dicho proceso ha de venir acompañado de la puesta en marcha de mecanismos de gestión directa y participativa por parte de la ciudadanía y los trabajadores, con el objetivo de generar la base social necesaria para que, frente a la devastación provocada por la voraz persecución del beneficio privado, podamos oponer el proceso de constitución social de una nueva realidad colectiva.

Para descargar la versión completa de la propuesta de remunicipalización pulsa aquí.

Para descargar el resumen de la propuesta de remunicipalización pulsa aquí.

Unipapel: una parábola del terrorismo empresarial

En eldiario.es nos encontramos con este artículo de José Ángel Moreno de Economistas Sin Fronteras, redactado con la colaboración de los compañeros y las compañeras de Podemos - Tres Cantos -a quienes aprovechamos para felicitar por sus iniciativas en defensa del mantenimiento de los puestos de trabajo de Unipapel en nuestra ciudad.

2227269-Concentracion_en_la_fabrica_de_Unipapel_en_Tres_Cantos_Version2Érase una vez una pyme española del sector de artes gráficas, emprendedora, creadora de trabajo y de riqueza y razonablemente sólida. Se llamaba Unipapel y había nacido de la fusión de tres empresas familiares en 1976. Aquélla no era en absoluto una época fácil en nuestro país: ni en lo político -todavía con la dictadura coleando- ni en lo económico -en medio de una durísima crisis-. Pero Unipapel supo salir adelante: con esfuerzo, con inversiones innovadoras, con ímpetu comercial, con unas relaciones laborales probablemente paternalistas, pero que ahora miraríamos con nostalgia… Y creció y se expandió (saliendo a bolsa en 1986 y absorbiendo otras empresas) y consiguió una cuota de mercado muy relevante ( aunque no de forma inmaculada), tanto en el país como en el exterior, hasta convertirse en una entidad líder de su sector (la fabricación de material de escritorio y escolar y servicios de oficina).

Ésta era la situación hasta hace poco. Incluso había atravesado por la terrible crisis reciente sin daños insalvables. Pero la cada vez más exigente competencia internacional condujo a las familias propietarias a un replanteamiento estratégico radical: en 2012 deciden no sólo un cambio de nombre (la empresa pasará a llamarse Adveo), sino también una profunda reestructuración, conformándose desde entonces como un grupo bicéfalo, con una línea orientada a la fabricación -la antigua Unipapel- y otra -cada vez más prioritaria y con una presunta mayor capacidad de beneficio- a la distribución. El progresivo desinterés por la rama de fabricación se hace evidente en 2013, con una decisión que se revelaría trágica: la venta de la división industrial a Springwater Capital, un fondo de capital riesgo con sede en Ginebra que no ha sido precisamente agua de primavera para la empresa adquirida.

Todo apunta a que Adveo facilitó la venta cuanto estuvo en su mano, con un inocultable deseo de desprenderse cuanto antes de las fábricas, hasta el punto de ser muy cuestionable la rentabilidad de la operación para ella. Rentabilidad que sí resultó abrumadora para el fondo comprador, que parece que sólo ha llegado a desembolsar una pequeña parte de la módica cantidad estipulada (16 millones de euros). La operación incluía las factorías de Tres Cantos (Madrid), Logroño y Aduna (Guipúzcoa), la actividad de reimpresión en sus talleres de Francia y Marruecos y la oficina comercial en Portugal, así como la plantilla de la división (329 en la actualidad).

Las primeras declaraciones de Springwater, con todo, fueron esperanzadoras: habían venido para fortalecer, rentabilizar y potenciar la empresa. Los hechos, sin embargo, pronto las desmintieron: rápidamente se ralentizó el ritmo productivo y se redujeron turnos, se retrasaron los pagos a proveedores -hasta paralizarse-, se dejaron de abonar las cuotas a la Seguridad Social, se incumplieron pedidos, se perdieron clientes y, claro está, se entró en progresivas dificultades financieras. Una historia clásica de quiebra teledirigida. En este mes de mayo se ha anunciado el cierre de las plantas de Tres Cantos, Logroño y Aduna y un ERE y un ERTE para la práctica totalidad de la plantilla. El drama está servido.

Dicen los sindicatos que el cierre supondrá un coste directo de al menos 25 millones de euros (indemnizaciones de FOGASA, prestaciones de desempleo, deudas a la Seguridad Social, deudas con proveedores y con los anteriores propietarios…), a lo que hay que sumar los cuantiosos costes indirectos (por sólo mencionar los económicos más evidentes: impuestos que se dejarán de cobrar, ventas y puestos de trabajo de proveedores que se perderán, impacto en las localidades de implantación…).

Al margen de las posibles ilegalidades en que Springwater haya podido incurrir (y que están siendo denunciadas por los sindicatos), parecen evidentes las diferentes responsabilidades que concurren en todo este proceso: la de Adveo, que lo ha favorecido claramente y que ha seguido extrañamente implicada en la empresa vendida (encargándose de labores como la contabilidad, la telefonía, la informática, el transporte y la distribución, la confección de nóminas…); la de la Administración Pública, que está permitiendo una quiebra artificial sin intervenir en ningún momento; y, por supuesto, la de Springwater (que parece que no es nueva), que desde un principio ha pretendido descaradamente el cierre de una empresa que podía ser rentable buscando con ello alguna fuente de beneficio que no es fácil de percibir, pero que seguro que existe. Y frente a todas esas complicidades, destaca la dignidad de una plantilla, que está luchando por mantener su trabajo y la actividad de una empresa capaz de generar riqueza para la sociedad.

Ciertamente, una historia lamentable desde todos los puntos de vista. Pero también una parábola muy ilustrativa de la calidad moral y de la irresponsabilidad social que caracteriza a la actividad empresarial y al tipo de capitalismo de nuestro tiempo. Porque, por encima de todos los detalles comentados (que, con diversas variantes, se repiten profusamente), no deberíamos olvidar las razones de fondo que posibilitan este tipo de fenómenos. Merece la pena -creo- reparar al menos en tres:

1. Por una parte, la liberalización prácticamente absoluta para los movimientos de capitales y la consiguiente internacionalización plena de los mercados financieros, que hacen posible compras de empresas en cualquier país por inversores de cualquier otro, aunque sólo persigan objetivos especulativos y puedan suponer una destrucción irreparable del tejido productivo nacional.

2. En segundo lugar, la dependencia creciente de las empresas (y muy especialmente, las cotizadas) de los mercados financieros, que produce un irreversible condicionamiento respecto de unos inversores (muy especialmente los fondos de inversión, en sus diferentes modalidades) que actúan a nivel internacional, que mueven sus inversiones a velocidad supersónica y que persiguen la máxima rentabilidad posible, penalizando, en este sentido, a empresas con beneficios sólo porque pueden obtener beneficios mayores en otras.

3. Y en tercer lugar, no lo olvidemos, el hecho de que se sigue considerando que una empresa es una simple agrupación de capital financiero y que, por tanto, es una propiedad absoluta de quienes aportan ese capital (los accionistas). Unos accionistas, en consecuencia, que pueden hacer y deshacer a su antojo con ese objeto de su propiedad: comprar, vender, trocear, arruinar… Obviándose lo evidente: que una empresa no es simplemente eso, sino agrupación de capitales de muy diferente índole: capital financiero, por descontado, pero también capital humano, capital aportado por los proveedores que desarrollan líneas de producción específicas para la empresa, capital de conocimiento y de relaciones, capital reputacional, capital aportado por las administraciones públicas en forma de subvenciones y licencias, capital aportado por los clientes en forma de ingresos por compras, capital aportado por las comunidades que acogen a la empresa y que padecen (y costean) las externalidades negativas que aquella produce (y que no paga). Todos los aportadores de esos capitales contribuyen a la creación de la empresa y a la generación del valor que ésta produce. No sólo es una cuestión de accionistas.

Frente a los problemas que todo o anterior puede causar, la sociedad sólo dispone del amparo de la ley. De leyes que impidan o dificulten los efectos negativos que de todo ello pueden derivarse. Pero las leyes en este terreno, por desgracia, no han hecho sino debilitarse en todo el mundo a lo largo de las últimas décadas: ha sido la finalidad consciente de una política premeditada que ha cosechado un éxito rotundo (a costa de una degradación social cada día más patente).

No es algo, en ese sentido, que pueda remediarse sólo a nivel nacional. Por eso es tan endiabladamenre complicado tratar de poner coto a situaciones como la de Unipapel. Pero ¿de verdad es tan imposible hacer algo, aunque sea un modesto paliativo? ¿Es que no pueden las Administraciones Públicas de un país controlar en alguna medida la toma de participaciones de control en empresas nacionales por inversores extranjeros? ¿Es que no puede frenarse de ninguna forma las inversiones y las gestiones claramente especulativas que persiguen el desmoronamiento de las empresas invertidas? ¿Es que no puede limitarse en modo alguno la omnipotencia y la irresponsabilidad social de los accionistas en las decisiones estratégicas? ¿Es que no es posible impulsar y fomentar -aunque fuera no obligatoriamente y sólo de forma supervisora- la participación en los órganos de decisión máximos -en los consejos de administración- de esos otros «propietarios» de las empresas que son los trabajadores, los proveedores estratégicos, los clientes, las comunidades donde se ubican…?

A las puertas de las elecciones del 26 de junio, no estaría de más que se ocuparan también de estos temas las fuerzas políticas progresistas que aspiran al gobierno de este país. Porque de ellos depende en buena medida la calidad de vida y el futuro de mucha gente que no se merece desatinos como el de Unipapel.

¿Puede haber una educación democrática que no sea pública?

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Rosa Linares, Profesora de Secundaria y miembro de Yo estudié en la pública, ha publicado este interesante artículo sobre la falacia de la "libertad de elección de centro", la educación publica que queremos y la que tenemos, en el quincenal de actualidad crítica DIAGONAL

Mariano Rajoy estuvo el pasado miércoles en Valencia defendiendo el «derecho a la libertad de elección de centro» como «algo consustancial al ser humano». Desde lo antropólogico, nos quiere convencer Rajoy de que el derecho a una educación de calidad debe ser sustituido por el derecho a elegir un centro educativo; de que la educación debe ser un artículo más dentro de nuestra acogedora sociedad de consumo. Nos está diciendo también: no debe bastarnos con ser ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho en materia de educación, debemos exigir nuestro derecho fundamental a elegir como clientes.

Para que madres y padres sientan que están eligiendo bien, el PP ha tenido que arremeter previamente contra el prestigio de la educación pública. Y en paralelo a este desprestigio, se le ha ido provocando a la educación pública una asfixia de cuya falta de oxígeno ha ido beneficiándose, cómo no, la concertada. Supresión de aulas, cierres de centros, recortes salvajes en profesorado: una agonía a la que, por fortuna, el nuevo gobierno de la Comunidad Valenciana ha puesto freno. Es entonces cuando aparece Rajoy, en apoyo a quienes se sienten ofendidos con el fin de las prebendas a la concertada, culpabilizando de todo ello a la izquierda radical y a quienes, insensatos, ha terminado pactando con ésta. Calificar de «radicalismo» el respeto a la legalidad nos ayuda a comprender qué idea tan elástica tiene Rajoy de la democracia.

Que no nos engañen. La libertad de madres y padres para elegir centro es en realidad la libertad de los centros para seleccionar a los alumnos. Y para que este mercadillo sea lo más dinámico posible, han desenterrado reválidas y establecimientos de rankings de centros. Es así como la ley de la oferta y la demanda irá ordenando, nos dicen, desde el respeto al gusto del cliente, la composición de los centros. Una coartada bien urdida para hacer negocio con la educación, negocio por lo demás proclive a las corruptelas. No hay más que leer cómo va fermentando en su cenagal el tentáculo educativo de la Púnica.

La escuela es, fundamentalmente, un agente de cohesión social, y asegurar esta cohesión es responsabilidad del Estado. No puede haber cohesión social sin que los equilibrios en diversidad y equidad sean el criterio que organice los centros educativos, y no, como nos dice Rajoy, el mero deseo de padres y madres. De otra forma, estaríamos convirtiendo la defensa de una escuela democrática en una declaración vacía de contenido.

Allí donde hay un derecho básico que cubrir, es incompatible que se mezclen la rentabilidad y el afán de lucro. La atención a la diversidad, principio básico de una escuela democrática, es un elemento tan poco rentable como irrenunciable. A su vez, la conciencia del profesorado, necesaria para educar en libertad, debe quedar a salvo de intereses o ideologías de empresa.

La educación, como la sanidad o la justicia, no tienen cabida en las lógicas del mercado.

Es difícil defender, debido a los derroteros que está tomando nuestra educación, que lo que tenemos ahora en la escuela pública responda al concepto que se entiende por educación democrática (inclusiva, diversa y laica). Queda mucho por hacer y, por desgracia, los aires soplan en sentido contrario desde hace tiempo. A pesar de todo, de haber una escuela democrática, pensamos que ésta solo puede ser pública.

Presentación Instituto Democracia y Municipalismo

Presentación del Instituto por la Democracia y el Municipalismo, un laboratorio de ideas en el que participan muchas personas relacionadas con Ganemos Madrid.

No más de 20 minutos por orador, para dar lugar a un rico debate abierto, entre todxs

 

 

Los ponentes son:

Si queréis saber más cosas sobre el Instituto Aquí

Los espacios vacíos de la ciudad participativa

(Publicado en Instituto DM  y originalmente publicado en Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme.)

Nuria Alabao y Rubén Martínez,

The playground at Laurierstraat, Amsterdam in the 1960s, one of the 700 that Aldo van Eyck designed for the city. (Photo: © Ed Suister, courtesy Amsterdam City Archives)

Dos niñas de faldas cortas y trenzas juegan en un círculo de arena con un balancín de madera de líneas rectas. Hace un mes, el espacio de esos juegos y los otros juegos de alrededor estaba ocupado por una gran montaña de escombros de un edificio bombardeado. Estamos en un Amsterdam posbélico de 1947. Desde ese año hasta fines de la década de 1970 –como parte de un programa municipal– Aldo Van Eyck imaginará y construirá más de setecientos parques en medianeras en sombra, esquinas de suburbios, solares ruinosos y patios de todo tipo. Espacios que eran localizados por los propios habitantes de cada uno de los barrios.

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Los tomates brillan al sol y ya maduros se dejan arrancar fácilmente por una señora mayor de sombrero blanco. El huerto se extiende en buena parte del solar. A un costado, un grupo de personas de todas las edades conversan sobre unos bancos construidos con restos de derribo. Continuar leyendo «Los espacios vacíos de la ciudad participativa»

Nuevo local compartido

 Estimadas amigas, estimados amigos,

Es un local compartido con otras Asociaciones, pero los jueves es nuestro y en invierno nos evita el frío.

[Tweet «Desde el pasado mes de noviembre disponemos de un espacio en el Centro 21 de Marzo.»]
Muchos jueves laborables, desde las 18:45, podremos juntarnos en el local 40 de la citada instalación municipal.

Si podéis asistir algún jueves, avisadnos si es posible: el aforo es muy limitado.